En defensa de las bibliotecas populares
13/05/2022 - Las bibliotecas bolivarenses se sumaron a la resistencia por la defensa del presupuesto destinado a sostener espacios culturales de interacción comunitaria como puntos de encuentro, difusión, creación y memoria.
“Si me permiten la metáfora, una biblioteca es la mejor imitación posible de una mente divina, en la que todo el universo se ve y se comprende al mismo tiempo. Una persona capaz de almacenar en su mente la información proporcionada por una gran biblioteca emularía, en cierta forma, a la mente de Dios. Es decir, inventamos bibliotecas porque sabemos que carecemos de poderes divinos, pero hacemos todo lo posible por imitarlos.”
Umberto Eco
En el partido de Bolívar en la actualidad, funcionan cuatro Bibliotecas Populares reconocidas por la Conabip (Comisión Nacional de Bibliotecas Populares: La Biblioteca Popular Bernardino Rivadavia, La Biblioteca Popular María Alcira Cabrera, la Asociación Cultural y Biblioteca Popular Domingo Faustino Sarmiento en Bolívar y la Biblioteca Popular Sarmiento de Urdampilleta).
Se trata de instituciones históricas que forman una parte primordial del anclaje identitario de la comunidad, como preservadoras de la producción cultural del pueblo y también de lo universal. En algunos casos las bibliotecas rondan los cien años de historia, la más joven está a punto de cumplir su primer cincuentenario.
Las bibliotecas son un punto de encuentro entre la cultura, el arte, las ciencias, y la comunidad, desde estos espacios se ofrecen talleres, charlas, conferencias, presentaciones, y un sinfín de actividades de las que pueden disfrutar no sólo sus socios, sino la toda la población.
Sostener este tipo de estructuras ha sido y será siempre una tarea muy difícil. En la actualidad, las bibliotecas bolivarenses cuentan con un ingreso casi simbólico que representan las cuotas de los socios, un subsidio provincial (que en la mayoría de los casos no cubre la totalidad del sueldo del personal bibliotecario para lo cual vienen destinados, y suele atrasarse en los depósitos); un subsidio municipal, y la mayor parte de los fondos provienen de los aportes nacionales dispuestos por Conabip, con los que se abonan los servicios, se compran libros, se realizan reparaciones edilicias, entre otras inversiones.
Los fondos de la Conabip surgen de los impuestos de asignación específica destinados a financiar el cine, el teatro, la música la tv comunitaria y las bibliotecas populares. En el año 2017, hubo un primer intento de redirigir los fondos culturales que derivó en la modificación de la Ley 27432, estableciendo diciembre de 2022 como fecha última. De no tener una respuesta favorable de los legisladores nacionales, modificando la ley, en el 2023 estas actividades sufrirán el desfinanciamiento.
En el caso de la Conabip, esto impactaría directamente sobre 1200 bibliotecas populares de todo el país, provocando pérdidas de trabajos de más de mil bibliotecarios y bibliotecarias, pérdidas de las políticas que fomentan la edición de libros independientes, capacitaciones, actividades diversas, talleres, en definitiva, se vería vulnerado el derecho al acceso al libro y a la información, derecho que democratizan las bibliotecas.
En consonancia con el resto de las bibliotecas del país, desde Bolívar se están realizando distintas actividades para conseguir el apoyo de los vecinos y las vecinas con su firma. Se puede acceder a las planillas en las sedes o en los muros de Facebook de las distintas bibliotecas y también en las actividades que se desarrollarán en los próximos días.
Está en riesgo la diversidad, lo que leemos, lo que somos como país. El futuro que se avecina si no se toman cartas en el asunto es francamente preocupante. No sólo porque pone en serio peligro la subsistencia de este servicio público básico, necesario e imprescindible. También significaría que un derecho admitido por la ley se le estaría negando a los ciudadanos por motivos difícilmente comprensibles: la culminación de políticas de protección bibliotecaria, el desinterés general por parte de las administraciones y el desigual reparto de los recursos públicos.
El derecho a acceder a la información es sin duda la base para que los ciudadanos puedan formar y sostener una sociedad libre. También lo es la creación de nuevas manifestaciones culturales, creativas y de conocimiento, que se generan gracias al acceso sin censuras ni limitaciones al acervo cultural de cada comunidad, de cada ciudad, región o país. Es en este punto en el que las bibliotecas cobran un papel protagonista para los vecinos, pues se ocupan de reunir, conservar, procesar y poner a disposición de estos toda la información generada por el saber, el conocimiento y la creatividad humana de todas las épocas.
Gracias a la libertad de acceso a la información y al conocimiento los ciudadanos son capaces de conocer su propia naturaleza, su historia y su saber, y pueden a partir de este conocimiento, ofrecido fundamentalmente desde las bibliotecas, conocer y participar más y mejor en su comunidad, pueden enriquecerse y disfrutar de manifestaciones culturales en todos los soportes, tanto para formación como para información y ocio.
En definitiva, con los medios y servicios que ofrece la biblioteca, los ciudadanos se irán formando como sujetos activos de su propia comunidad, tendrán cada vez más y mejores herramientas de análisis de la realidad y de la cultura y podrán así aportar su propia identidad en la construcción de una sociedad más libre, más democrática, más participativa.